En su incesante búsqueda de controlar a los funcionarios locales despilfarradores, China ordenó esta semana a sus ciudades y provincias endeudadas. Estas están en plena elaboración de planes de pago detallados. Pero, para que estas reglas funcionen, el gobierno central debe demostrar que está dispuesto a dejar que los deudores no cumplan.
Los acreedores dudan de esta resolución mientras esperan que se continúe rescatando a los endeudados. De un tiempo a esta parte, el sistema concede préstamos más generosos a las empresas públicas que a las privadas.
El sesgo no es inmediatamente obvio. En cuanto a los costos de los intereses, China parece tener igualdad de condiciones. Una encuesta de 2011 reveló que la tasa de interés mediana de los préstamos bancarios a las empresas privadas. Su resultado fue del 7,8%, justo por encima del promedio del 7,5% en ese momento. Las tasas de endeudamiento de las empresas estatales ha mantenido en línea recíprocamente desde entonces, disminuyendo en tándem. También lo han hecho las empresas privadas.
Pero esta apariencia de paridad es superficial. Los costos de financiamiento sólo cuentan la mitad de la historia. La otra mitad es la calidad del prestatario. Una forma de medir esto es comparar las calificaciones crediticias. Las agencias de calificación califican a las empresas estatales de acuerdo con dos estándares. El primero es una calificación independiente basada en el balance de la empresa. El segundo es una calificación respaldada por el estado (factoring en el apoyo del gobierno).
CAMBIOS DE CALIFICACIÓN
El impacto de los cambios de calificación es grande. En el mercado onshore de bonos chinos, las empresas estatales tendrían tasas de interés anuales superiores al 10%. Incluso en el mercado de bonos de Hong Kong, las tasas anuales de endeudamiento anual de las empresas públicas deberían ser del 3,5%. Eso equivale a un descuento de dos quintos en los costos de los intereses, es decir, el subsidio.
Los acreedores, por supuesto, no están haciendo esto por la bondad de sus corazones, sino más bien en la creencia de que el estado apoyará SOEs si es necesario. Esta garantía, sin embargo, no es ironclad. A medida que la economía se desacelera, el gobierno ha dejado que unas pocas empresas estatales más pequeñas dejen de pagar este año. Con el anuncio esta semana, parece estar preparando el escenario para más delincuencia. La tarea de las agencias calificadoras y los inversionistas mide el grado de respaldo estatal.
Si una SOE es controlada por el gobierno central, la presunción de apoyo es todavía fuerte. Pero los cálculos son más matizados para las empresas estatales controladas por provincias o ciudades. En primer lugar, los analistas examinar las finanzas de la empresa. Luego, miran el balance del gobierno que teóricamente está detrás de él. Por último, consideran la importancia estratégica de la empresa: una empresa de servicios de agua mejor que un promotor inmobiliario. Es mucho para sopesar y como las deudas de la EDE se acumulan. Estos juicios matizados serán sólo más pesados.
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